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La crisis migratoria en Estados Unidos causa protestas en contra la inmigracin.




Estados Unidos - El Espectador

 



El epicentro del debate por la llegada masiva de niños centroamericanos a EE.UU. está en Murrieta (California), que la semana pasada impidió la llegada de un bus con más de 140 menores ilegales.

 





Son cerca de 400 niños los que están llegando ilegalmente a Estados Unidos cada día. En lo que va de este año, 52.000 menores de edad, la mayoría de ellos viajando solos, han entrado por la frontera con México. Se espera que para diciembre sean 90.000 niños inmigrantes los que lleguen, principalmente de Centro América, cifra que ha aumentado 500% en los últimos cuatro años.

 

La mayoría de estos menores tienen entre 5 y 16 años, todos le huyen a la violencia y la miseria que se vive en Guatemala, El Salvador y Honduras, países con los mayores índices de homicidios en el mundo, donde gran parte de la población de bajo recursos es extorsionada por las pandillas (MS-13) y donde se recluta a niños y niñas desde los seis años. Lo que se vive es un gigantesco éxodo desde este tridente regional por donde pasa el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos.

 

Es tanto el flujo migratorio que la administración Obama ha sido incapaz de amortiguar la crisis. Van más de cinco instalaciones militares en la frontera que se han dispuesto de emergencia, junto a los once centros de detención con los que cuenta la patrulla fronteriza de Estados Unidos para procesar a los miles de jóvenes que entran ilegalmente.

 

En la actualidad, si un menor centroamericano es detenido ingresando al país ilegalmente, no puede ser deportado inmediatamente, como sucede con niños mexicanos. Debido a la Ley de Protección de Víctimas de Trafico de Personas (TVPRA), sancionada por George W. Bush en 2008, los menores de estos países deben ser transferidos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos dentro de las 72 horas de su arresto. Allí deben ser albergados y alimentados hasta por 45 días, hasta que sean enviados a familiares que tengan en Estados Unidos. Esto mientras esperan su comparecencia ante un tribunal de deportación.

 

En las últimas semanas la tensión comenzó a escalar cuando se filtraron varios reportes de las condiciones infrahumanas en las que estaban siendo recluidos cientos de estos menores. El pasado jueves fue el punto de quiebre cuando el país entero se conmocionó al ver un video, publicado por el Washington Post, del centro de detención de inmigrantes en McAllen, Texas. En este registro se ve a decenas de niños y niñas hacinados durmiendo por turnos en suelos de concreto, en condiciones sanitarias que hacen temer a médicos la propagación de epidemias de tuberculosis, cólera, malaria e influenza, enfermedades contagiosas que se suman a la lepra, difteria, tétano, dengue y hepatitis A y B detectadas en decenas de los niños inmigrantes provenientes de Centroamérica.

 

Para salirle al paso a la crisis, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso cerca de US$4.000 millones para la construcción de más centros de detención e incrementar el pie de fuerza de la policía de inmigración, así como el número de jueces encargados de analizar cada caso de deportación. Calificando este éxodo como una crisis humanitaria, Obama pidió igualmente al Legislativo que apruebe con mensaje de urgencia, o Fast Track, la ley que permite la deportación inmediata de menores provenientes de Centroamérica, derogando así la TVPRA.

“Lo que se requiere realmente es una respuesta humanitaria y no el incremento en las deportaciones”, dice Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles. “Es imposible que mientras Obama dice que va a ayudar a los inmigrantes la única solución que proponga sean más deportaciones. Es un error y es algo que contradice los valores fundamentales de esta nación”, añade la defensora de los derechos de los inmigrantes al recalcar el récord de más de dos millones de deportaciones en lo que va del gobierno Obama, que suma más que todos los presidentes de la historia estadounidense juntos.

Por su parte, los republicanos también fustigan a Obama polarizando el debate aún más al señalarlo como el culpable de esta crisis por haber firmado el decreto presidencial de Acción Diferida, el cual ha permitido que desde junio de 2012 cerca de 600.000 jóvenes indocumentados o “soñadores” que ingresaron a este país antes de 2007 y antes de sus 15 años puedan estudiar en la universidad y trabajar legal y temporalmente en Estados Unidos.

 

Tanto los congresistas John McCain como Marco Rubio, líderes del conservatismo en cuestión migratoria, han dicho que el programa de Acción Diferida ha enviado a Centroamérica un falso mensaje de amnistía para todos los menores que lleguen a Estados Unidos, terminando de sepultar la exigua posibilidad que tenía la reforma migratoria integral de llegar a una votación final en la Cámara de Representantes este año. Para el grueso de los analistas políticos, las elecciones parlamentarias de noviembre pronostican una inacción total en temas migratorios para decenas de congresistas que buscan su reelección.

 

A la inoperancia política para enfrentar la crisis y la falta de infraestructura y recursos federales, se suma ahora el hecho de que varias ciudades se niegan a recibir a estos menores de edad para ser procesados. El caso más llamativo es la ciudad de Murrieta, California, donde el pasado martes un grupo de residentes, alentados por su alcalde, Alan Long, prepararon un cordón de protesta que acorraló a tres buses que venían con cerca de 140 niños inmigrantes.

 

“No somos racistas ni mucho menos, esto es cuestión de salud pública y de recursos. No está bien lo que el gobierno federal está haciendo con estos menores, los está dejando en la calle a su propia suerte, muchos de ellos enfermos”, me explica abrazado a una bandera americana William Young, residente de Murrieta de 57 años, quien vive con sus dos hijas en esta pequeña ciudad de 106.000 habitantes localizada a hora y media al este de Los Ángeles. “Estamos mandando un mensaje a todo el país: por el bien de esos menores le decimos no a la improvisación e irresponsabilidad de la administración Obama”.

 

La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, afirmó que esta es la mayor crisis de refugiados que ha sufrido la región en décadas. El último reporte del organismo confirma un aumento del 700% en la solicitudes de asilo político por parte de ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, la mayoría menores de edad, a países vecinos como Costa Rica, Nicaragua y Belice.




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